Ruta imitada también por algunos ciudadanos que inmersos en la política nacional, pero sin afiliación a ningún Partido, han expresado sus intenciones de competir para lograr el máximo espacio de la Administración Pública.
En la sucesión presidencial anticipada, diversos militantes de partidos políticos de oposición ya siguen los pasos de las corcholatas designadas por el presidente, haciendo públicas sus intenciones de contender por la primera magistratura.
Ruta imitada también por algunos ciudadanos que inmersos en la política nacional, pero sin afiliación a ningún Partido, han expresado sus intenciones de competir para lograr el máximo espacio de la Administración Pública.
Estos últimos contendientes, como el empresario Gustavo A. de Hoyos, llaman la atención por el peso específico que le otorgan a la categoría de lo ciudadano, incluso sobre las propuestas; como si al invocar esta palabra, de manera automática los electores se volcaran a las urnas a elegirlos, sobre la demeritada imagen de muchos de los políticos partidistas.
Consideran que, al distanciarse del perfil del servidor público común, están libres de los vicios y de la mala fama, que muchos de ellos se han labrado a pulso. Como sí los ciudadanos tuvieran una fuerza ascética, que aún inmersos en este submundo, sugieren, no se contaminarán con las conductas que tanto aborrecemos.
¿Y he aquí el dilema, si los políticos profesionales no han llenado las expectativas en muchos de los cargos para los que han sido electos, los ciudadanos sin experiencia de gobierno tendrán las competencias para hacerlo?
Por supuesto, siempre debemos otorgar el beneficio de la duda. Aunque en el mundo real, no en el de las promesas de campaña; cualquier profesión y oficio, de la misma forma que para dirigir un Gobierno, necesita de preparación específica y de experiencia en el ámbito para el que se postula. Solo así, se realiza la tarea con eficacia.
¿De dónde nace entonces la idea, de que un ciudadano puede gobernar mejor que un militante de partido, o que un ciudadano, no cometerá los abusos de los políticos de siempre?
En las varias acepciones del término ciudadano descritas en el diccionario de la Real Academia Española, el significado que destaca es el de: Persona considerada como miembro activo de un estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.
No obstante, la categoría de ciudadano tiene una larga historia, que inicia en el siglo V antes de Cristo, en la Polis griega -ciudades-estado autónomas-, en las que se desarrolló el sistema de Gobierno Democrático. Aquí, el ciudadano tenía un papel fundamental, pues intervenía en las asambleas y con su voto, decidía el destino de la ciudad. Confiriéndose a su participación, un carácter eminentemente político.
Para el siglo II a. C., la Civitas romana otorga a sus ciudadanos un valor legal y jurídico. La ciudadanía concede derechos y deberes, promoviendo la igualdad y el estatus político similar.
En los siglos XVII y XVIII, las revoluciones burguesas derrocan a los absolutismos monárquicos y dan paso al reconocimiento de la ciudadanía con sus derechos civiles y políticos, plasmados en la Declaración del Hombre y el Ciudadano, proclamada en Francia en 1789.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Detalle de una edición de 1789 Imagen en Gallica. Dominio público
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